El paso más audaz e improvisado del modelo neoliberal estuvo representado por el traslado de los servicios sociales al sector privado. Se presumía que la gestión privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades y reducir el tamaño del Estado. Luego de dos décadas, el experimento ha puesto a varias empresas privadas cerca de la quiebra y ha significado enormes subsidios al Estado. La idea era muy simple. El lucro individual induciría a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente previsible, por tratarse de actividades inelásticas (necesarias), expuestas a la información asimétrica y atendida por pocos productores, las entidades adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy distinta. Sus acciones se orientaron a captar los usuarios y, luego, a entregar los servicios o beneficios que les reportan la máxima ganancia. Las ilustraciones están en el orden del día. Las empresas de salud conceden los mínimos servicios posibles; gran parte de los servicios especializados se obtienen con tutelas basadas en la universalidad de la salud. El aumento de la cobertura escolar no está representado en la ampliación paralela de los gastos en maestros e insumos. Los fondos privados entregan la tercera parte de los beneficios que ofrecen en las campañas de publicidad y no lea aseguran la pensión mínima a la mayoría de los cotizantes. Los constructores que obtienen las concesiones por licitación pública modifican los requisitos técnicos de la obra e, incluso, incrementan el monto que sirvió de base para adjudicarlo: la constante es que el valor y los períodos de entrega de los proyectos resultan en el doble de lo estipulado. En todo esto no han faltado la complicidad y la permisividad oficial. El fracaso de las entidades privadas en los grandes proyectos y actividades lleva muchas veces a los gobiernos a asumir las pérdidas y plasmarlas en los presupuestos para evitar males mayores. Es el caso típico de las empresas que son demasiado grandes e importantes para quebrarse. El presupuesto está plagado de partidas para cubrir subsidios, sobrecostos y pirámides de las entidades privadas. Los autores y defensores de las privatizaciones se resisten a aceptar el error conceptual e insisten en profundizar el fracaso. Sin ir lejos, la nueva ley de salud aprobada por el Congreso mantiene las deficiencias estructurales de la Ley 100 y persiste en el predominio de las EPS; a estas alturas no se conoce cuáles son los servicios incluidos en el POS y, todavía mas grave, cómo se financiarán los servicios especializados. En el Plan de Desarrollo se contempla una ampliación significativa de los recursos para la infraestructura física que se adjudicarán dentro de las normas de las concesiones que facilitaron el desfalco y, sin hacerlo explícito, se insinúa el marchitamiento del ISS para salvar los fondos privados. Definitivamente, las malas ideas causan más estragos que los accidentes de la naturaleza. La rienda suelta al mercado en las áreas sociales genera toda clase de estímulos equivocados y constituye un palo en la rueda al avance social. Se configuró una maraña de instituciones orientadas a obtener la máxima ganancia, favorecer a los sectores altos y trasladar las pérdidas a los contribuyentes. En este contexto, no será posible realizar los buenos propósitos de formalizar la mano de obra, reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.
Eduardo Sarmiento Palacio, El Espectador, Bogotá, marzo 13 de 2011
La privatización del sector público
Triunfa la resistencia unificada de la cadena láctea: No entrará en vigencia el decreto que prohíbe el comercio de leche cruda
Como respuesta a la marcha que adelantaron hoy por el centro de Bogotá siete mil productores, jarreadores e industriales de la cadena láctea provenientes de quince departamentos, el Ministerio de Agricultura se comprometió a no aplicar el decreto 3411, que prohíbe el comercio de leche en cantina. El director ejecutivo de Salvación Agropecuaria, Aurelio Suárez Montoya, dio el parte de victoria ante los miles de manifestantes y dijo que era un triunfo rotundo de la resistencia civil y la unidad, no solo por la marcha de Bogotá, sino también por las de Manatí, Atlántico, y Rumichaca, Nariño, donde diez mil personas protestaron en la frontera con Ecuador. Marcharon hombro a hombro con campesinos y empresarios los congresistas Jorge Enrique Robledo, Camilo Romero, Germán Navas Talero, Germán Carlosama y Joaquín Camelo, los Taitas misak Lorenzo Muelas y Jeremías Tunubalá y el gobernador de Guambía, Francisco Almendra. “Esta es la cuarta marcha multitudinaria que hacen en Bogotá los productores de leche en cantina y quienes la comercian y procesan –dijo Robledo–. Aquí se demuestra una vez más que con la movilización democrática, el pueblo es capaz de lograr los objetivos propuestos”.Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 9 de marzo de 2011
Corrupción: la secuela del gobierno de Álvaro Uribe
Juan Manuel Santos, un día antes asumir el mando, le dijo al entonces presidente Álvaro Uribe que en su gobierno no iban a poner el espejo retrovisor. Tres meses después, los escándalos han explotado como si fueran una olla a presión. "Esto es un despelote". Con esa expresión, palabras más palabras menos, responde cada uno de la nueva camada de directores de entidades del Estado cuando se les pregunta cómo encontraron las dependencias a su cargo. Aunque, en aras de la precisión, decir "despelote" es poco ante la catarata y el tamaño de los escándalos que han brotado en el último mes y las ollas podridas que se han destapado por doquier. Al contrario de lo que se podría esperar de un gobierno como el de Álvaro Uribe, que salió con una aprobación de 80 por ciento en las encuestas, los hechos recientes indican que dejó la casa en un alto grado de desorden. Y la gran paradoja es que en un gobierno, en teoría, uribista es que han sacado todos los trapitos al sol. Un día antes de asumir el poder, el entonces presidente electo, Juan Manuel Santos, le dijo a Uribe y a su gabinete en pleno que no iba a mirar para atrás: "En mi gobierno no va a haber espejo retrovisor". Y es posible que haya cumplido su palabra, pues la mayoría de los escándalos han estallado en medios de comunicación. Pero poner el espejo retrovisor no es el problema, lo grave es que lo que se ha destapado no es un simple corte de cuentas por resultados sino que en algunos casos toca el terreno de lo penal. No es común que a un gobierno que llega, como el de Juan Manuel Santos, en menos de 100 días le toque buscar cómo liquidar el departamento de seguridad adscrito a la Presidencia (DAS), tenga que pedir a la Fiscalía que allane e intervenga al departamento dedicado a administrar bienes incautados a los narcotraficantes (Estupefacientes) y produzca un devastador informe sobre un fondo creado para apoyar la lucha contra el secuestro (Fondelibertad) que ya provocó la renuncia de dos altos funcionarios del Estado: la directora del CTI y el coordinador de Planeación de Acción Social. Y eso por mencionar tan solo tres de las nueve ollas podridas que se han destapado. Es muy grave lo que venía ocurriendo en estas entidades que, si bien conforman la segunda línea del gobierno, desempeñan un papel crucial, pues fueron creadas para ejecutar las políticas de los ministerios. Dirección Nacional de Estupefacientes “El parque de diversiones de la mafia” El nuevo director, Juan Carlos Restrepo, lo dijo de manera contundente: “Estupefacientes es el parque de diversiones de la mafia”. Y si esto lo dice el encargado de manejar 76.000 bienes incautados a los narcotraficantes, indica que la situación es grave. Por eso, el gobierno tomó una de las decisiones más drásticas que se han conocido: denunció los desmanes ante la Fiscalía y decidió intervenir la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Qué pasó? Como por arte de magia, se desaparecieron de la base de datos de la DNE todo tipo de bienes y predios que habían sido decomisados por la Fiscalía. Ocurrió, sobre todo en el segundo semestre de 2009, que con un simple delete una propiedad salía automáticamente de la órbita del Estado y cualquiera podía hacer uso de ella. El diario El Tiempo denunció que dos empleados de Summa –el consorcio encargado de actualizar y blindar la base de datos de la DNE– aparecen borrando predios o alterando datos de una de las haciendas emblemáticas del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘el Mexicano’, y de más de 33.000 hectáreas incautadas a los narcos del norte del Valle. También se descubrió que testaferros de la mafia terminan como depositarios de los bienes. Un ejemplo es Montecasino, una mansión en un exclusivo sector de Medellín que pertenecía al jefe paramilitar Carlos Castaño (foto). Según El Tiempo, a pesar de que en 2007 pasó a la DNE, hoy la ocupan testaferros de la familia Castaño, y el arriendo de 10 millones de pesos por ese terreno de 30.000 metros cuadrados no lo pagan desde comienzos de 2008. Juan Carlos Restrepo, en entrevista con SEMANA, dibujó una situación de caos total. Un informe interno detectó no menos de 10 errores crasos en materia de seguridad informática y, según él, prácticamente cualquiera, incluso ex funcionarios y ex contratistas de la DNE, podía meter la mano en la base de datos de los 76.000 bienes. Y un contrato que se hizo por 4.000 millones de pesos para depurar el inventario lo que hizo fue desordenar el que había. Incoder El Estado les quitó tierra a campesinos para dársela a narcos Cuando Juan Manuel Ospina llegó al Incoder no podía creer lo que vio: no solo no se les habían devuelto las tierras a los campesinos despojados, sino que, peor aún, el Estado había adjudicado las tierras de desplazados a testaferros de los narcotraficantes. En un primer barrido en todo el país encontró 184 de estos casos. El ministro Juan Camilo Restrepo, sin pelos en la lengua, explicó que personas “muy cercanas al paramilitarismo” infiltraron el Incoder y, tras el desplazamiento de los labriegos, “esas parcelas se las readjudicaron a otros que no son más que testaferros de grupos delincuenciales que atemorizaron y sacaron despavoridos a los campesinos”. Y al parecer, esa aberración era vox pópuli. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, anotó: “Eso ocurrió en casi todo el país (…) los campesinos dejaban las tierras y perdían la tenencia. Entonces, funcionarios del Incoder las adjudicaban a veces a amigos de grupos armados ilegales o élites políticas regionales”. Para remediar ese entuerto, el ministro Restrepo, en una decisión sin precedentes, anunció que apelará a la “excepción de inconstitucionalidad”, y antes de abril el gobierno entregará 300.000 hectáreas a 130.000 familias por restitución directa –es decir, anulará decisiones ilegítimas– o por adjudicación –entrega de baldíos–. Fondelibertad Por contratos a dedo ya cayeron dos altas cabezas L¬os colombianos ni siquiera sabían que existía una entidad llamada Fondelibertad. Pero la vienen a conocer ahora, 15 años después de creada, por un escándalo que se comenzó a destapar hace dos semanas y que ya le ha costado la cabeza al que fue director de ese fondo en el gobierno de Uribe, Harlan Henao, quien renunció esta semana a su cargo en Acción Social de la Presidencia de la República, así como a la directora del CTI de la Fiscalía, Marilú Méndez, salpicada por algunos contratos. La historia es sencilla. Fondelibertad maneja al año 25.000 millones de pesos que debe utilizar para luchar contra el secuestro y apoyar a los Gaula. El problema es que, según una auditoría del Ministerio de Defensa revelada por Caracol Radio, se encontraron “despilfarro y desorden” en contratos de los tres últimos años. Son tres las principales denuncias. La más grave es un paquete de 200 contratos celebrados presuntamente sin cumplir la ley, en el que aparecen periodistas y funcionarios del gobierno. Los más sonados son los firmados por el hermano del ex comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla y por familiares de la directora del CTI: uno de su hermana por 65 millones, otro de su hijo por 50 millones y un tercero con una firma Fares, donde la propia Marilú aparece como conferencista. El segundo caso es un contrato por 5.000 millones con Codispar, para el mantenimiento del parque automotor, en el cual se encontraron perlas como, por ejemplo, que repararon no solo los vehículos de Fondelibertad, sino también otros sin dueño conocido. Y la tercera denuncia es por la compra de equipos que “podrían poner en riesgo” al personal que ejecuta los rescates, según dijo el director de los Gaula Militares. El presidente Santos anunció que Fondelibertad será intervenida. Banco Agrario ¿Préstamos a cambio de aportes a la campaña? El Banco Agrario, bajo la batuta del entonces ministro Andrés Felipe Arias, se inventó una línea de crédito para los exportadores, para amortiguar el impacto de la caída del dólar. Hasta ahí, aunque la idea era polémica, todo iba bien. Los problemas comenzaron hace unas semanas, cuando El Espectador denunció que el paquete de préstamos a los floricultores (230.000 millones de pesos) era una cartera de difícil cobro –ya hay 32.000 millones vencidos– y La W y el columnista de SEMANA Daniel Coronell revelaron que los dueños de algunas de las empresas beneficiadas con los créditos aportaron plata a la campaña a la Presidencia del ex ministro Andrés Felipe Arias. De los 117 donantes, 43 pertenecían al gremio y dieron aportes por 114 millones de pesos. Sin embargo, la hoy ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe, quien fue gerente de la campaña de Arias, precisó la semana pasada en el Congreso que el aporte de personas vinculadas con dicho gremio solo ascendió al 4 por ciento del total. Aún más escandaloso es que los préstamos quedaron en pocas manos. Según denunció El Espectador, en una misma oficina de la calle 93, en el norte de Bogotá, funcionan 14 empresas conocidas como del grupo Nanneti, y el Banco Agrario les giró cerca de 75.000 millones de pesos. ¿El Estado va a perder esa plata? En teoría, no, porque el ministro Restrepo emprendió 30 acciones judiciales para recuperarla y alertó a la Superintendencia de Sociedades para que no se puedan declarar insolventes las firmas deudoras, como lo han intentado algunas. Como si eso fuera poco, el ministro Restrepo también dejó sin piso un decreto que les daba 50.000 millones de pesos más en subsidios a los floricultores y que había sido firmado siete días antes de terminar el gobierno anterior. Inpec Los parapolíticos son los que mandan El ministro Germán Vargas Lleras ha dicho repetidamente que nadie quiere aceptar ser director del Inpec. Y no es para menos. El instituto, que no ha brillado por su buena fama, hace unas semanas fue protagonista de un nuevo escándalo: los otrora pesos pesados de la política, que ahora están presos, se pasean como Pedro por su casa por las calles de Bogotá. El nuevo portal kienyke.com publicó un video en el que aparece el ex senador Humberto Gómez Gallo paseando en el norte de Bogotá. La estrategia es fácil: el preso pide permiso para salir a una cita médica u odontológica y de inmediato la obtiene. El propio Ministro fue quien denunció esta anomalía y luego El Tiempo publicó en detalle los campeones de esos permisos. William Pérez, el ex gobernador de Casanare, ha salido de la cárcel 55 veces, para unas supuestas citas de arreglo de sonrisa; el ex senador Vicente Blel consiguió 54 permisos; el ex gobernador de Sucre Salvador Arana, 40, y los ex senadores Juan Carlos Martínez y Luis Alberto Gil, no menos de 25. Pero en la práctica, más que al médico o al odontólogo, cumplen citas con amigos y socios políticos. Pero eso no es todo. El ministro Vargas Lleras también denunció que hay irregularidades con las manillas electrónicas para quienes gozan de detención domiciliaria. “Se ha detectado que el recluso sale de su casa y no tenemos manera de capturarlo ni de revocarle la detención domiciliaria, porque regresa antes de 72 horas”. La semana pasada, por ejemplo, una mujer que tenía esta manilla fue detenida en Pereira vendiendo droga. Dian Feria de puestos y de contratos En la Dian, según el reporte de su nuevo director, Juan Ricardo Ortega, hicieron fiesta con la contratación. Cuando asumió el cargo se dio cuenta de que el gobierno anterior vinculó en los últimos meses a 379 supernumerarios más de los presupuestados y a otros les aumentó el sueldo, con lo cual se le abrió un hueco en el presupuesto de 84.000 millones de pesos. El desbarajuste en materia de personal es tal que hay más de 100 demandas que reclaman el derecho a la igualdad salarial. Por otra parte, también ha salido a relucir un contrato, por cerca de 55.000 millones de pesos, entre la Dian y un consorcio cuya mayoría pertenece al hoy alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El contrato se firmó en 2006 –por 11 meses y luego tuvo dos adiciones– para la construcción, mantenimiento y dotación de 52 sedes de la Dian en todo el país. En él, según un informe de lasillavacia.com, brillan las irregularidades. La firma interventora, por ejemplo, está relacionada con la familia Nule, que también hacía parte del consorcio contratista; plata que debía utilizarse en un laboratorio de químicos incautados se le entregó al consorcio para la construcción de unos ascensores que hoy están en una bodega; la sede central se entregó dos años después de lo prometido y en otras sedes del país el Estado tuvo que gastar en arriendos por los incumplimientos de los contratistas. DAS La verdadera mano negra A¬unque el escándalo del DAS se destapó hace más de dos años, cuando SEMANA reveló las ‘chuzadas’ ilegales, el gobierno de Álvaro Uribe no logró remediar el problema y le dejó esta terrible herencia a Santos. En sus 50 años de existencia, ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia nunca había atravesado una crisis tan profunda. Desde el inicio del gobierno anterior, el DAS entró en un proceso de descomposición que nunca se detuvo. Con Jorge Noguera, el primer director nombrado por Uribe, estallaron escándalos sobre la infiltración paramilitar, denuncias sobre la participación del DAS en el asesinato de sindicalistas y el descubrimiento de redes de esa entidad que trabajaban para narcotraficantes. El segundo director, Andrés Peñate, anunció una reestructuración que nunca se cumplió, así como tampoco logró neutralizar las mafias internas. Peñate y los dos directores que lo reemplazaron, María del Pilar Hurtado y Felipe Muñoz, terminaron investigados por los seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas. En total, 52 funcionarios del DAS son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, 18 de ellos están privados de la libertad y seis funcionarios de alto nivel ya confesaron. Ingeominas Se dieron títulos mineros a diestra y siniestra Por la fiebre del oro que se ha tomado al mundo, en los últimos años en Colombia, de manera muy silenciosa, se empezaron a disparar las solicitudes de títulos mineros. Hasta hoy se han otorgado 8.828 de estos títulos, es decir, terrenos legalmente certificados para la explotación minera. El ministro de Minas, Carlos Rodado, desde que llegó advirtió sobre el número tan alto de estos títulos, así como el pobre desempeño en la fiscalización de las minas del país, que ha permitido el desarrollo de toda una industria ilegal vinculada con los más sangrientos grupos armados. “La verdad, ni el Ingeominas ni los seis departamentos cumplen de manera eficiente esta función, por eso tiene que replantearse para lograr que haya una mejor eficiencia en la fiscalización”, dijo Rodado hace unos días. La ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, le puso colofón a la queja de Rodado y concluyó que “la minería ilegal nos está envenenando”. Por esa razón, desde agosto hasta ahora, el gobierno se puso en la tarea de ordenar el sector y ha cerrado 48 minas ilegales. Pero ese no es el único problema. Según la ministra Uribe, 571 títulos mineros de los que se han dado de manera legal, que abarcan 203.000 hectáreas, están ubicados en áreas “donde no se pueden desarrollar proyectos mineros”. Inco Daban concesiones sin estudios previos Los problemas con el Inco, el instituto encargado de adjudicar las concesiones para construir carreteras, se empezaron a destapar antes de terminar el gobierno de Álvaro Uribe. Semanas antes de entregar el poder, y cuando Juan Manuel Santos ya había designado como ministro de Transporte a Germán Cardona, este le sugirió a su antecesor Andrés Uriel Gallego que no adjudicara la Transversal de las Américas, una vía que conecta a Venezuela con Panamá. Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos, entregó la concesión y se sometió a que la Procuraduría dijera que no era posible que el contrato se llevara a cabo como estaba planteado. Pero ese es apenas uno de los casos críticos. El ministro Cardona ha dicho que el Inco está en “cuidados intensivos”, que están analizando “juiciosamente concesión por concesión, para saber dónde estamos parados” y que le darán “un vuelco de 180 grados al Inco”, porque esa entidad no puede volver a “sacar concesiones” sin estudios previos.
“10 Estrategias de Manipulación”
1. La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. 4. La estrategia de diferir Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menor de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos… 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto… 9. Reforzar la autoculpabilidad Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución! 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Noam Chomsky, 2010
Cien días del sector social
Los cien primeros días de la administración Santos se han caracterizado por una gran actividad en presentación de proyectos y de anuncios de metas y propósitos. Asimismo, ha servido de reflexión para que el Gobierno advierta el enorme retroceso social del país y manifieste su preocupación por los insatisfactorios indicadores de empleo, informalidad y distribución del ingreso. Sin embargo, no se ha avanzado en un diagnóstico explícito sobre las causas y, lo más inquietante, se pretende enfrentarlos con las mismas políticas que los originaron. Los últimos gobiernos han operado dentro de la concepción neoclásica de que la estructura productiva y el desempeño social son separables. Se da por hecho que la desregulación financiera, las aperturas comerciales, la rienda suelta a la inversión extranjera y la flexibilización laboral redundan en más eficiencia y crecimiento sin afectar mayormente la equidad, y si lo hicieran, se podría compensar con políticas públicas. La realidad ha sido muy distinta. En los últimos 20 años, en la mayoría de los países la rentabilidad del capital aumentó y la participación de los ingresos del trabajo en el producto nacional cayó. La explicación está en la confluencia de las aperturas, la desregulación financiera y los bancos centrales autónomos. Por su parte, la política pública de transferencias de ingresos estuvo muy distante de compensar estos daños estructurales y en el caso del asistencialismo adquirió la forma de paños de agua tibia. La constante del universo es la ampliación de las desigualdades. En las propuestas gubernamentales no se observa mayor compromiso para revisar los aspectos financieros, comerciales y laborales que conforman la estructura productiva. Por consiguiente, continuarán gravitando los factores perversos que reducen los ingresos del trabajo y elevan los del capital. En materia social se presentan diversas iniciativas enmarcadas dentro del asistencialismo, que si bien pueden elevar el ingreso de los pobres, no cambian su posición relativa. No se hace mayor cosa para modificar la estructura discriminatoria en la educación que les da formación de primera a la élite y de tercera a las grandes mayorías. Se mantiene el sistema privado de pensiones que resulta en cotizaciones que impiden el acceso de los estratos menos favorecidos y no garantizan la pensión mínima. Los incentivos laborales para reducir la informalidad y las apropiaciones presupuestales son insuficientes para corregir la anarquía del sistema de salud y asegurar su universalidad. El Gobierno sabe que el gran desafío es revertir las tendencias crecientes de la inequidad. Sin embargo, carece del diagnóstico para lograrlo. Por ahora no hay voluntad para cambiar la estructura productiva ni adoptar una política social de derechos.
Eduardo Sarmiento, El Espectador, Bogotá, noviembre 14 de 2010
Las Centrales obreras definen su posicion sobre la Ley del Primer Empleo.
Señor
MAURICIO SANTAMARIA
Ministro de la Protección Social
Ministerio de la Protección Social
Bogotá, D.C.
Señor Ministro:
Como Representantes de las organizaciones sindicales integrantes de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, nos permitimos manifestarle los siguientes criterios ante el proyecto de ley 057/010, en lo referente al primer empleo y formalización.
Inicialmente se nos presentó una gaceta del Congreso que contenía un proyecto sobre la materia y que fue explicado por el Viceministro Técnico y sobre el cual se presentaron algunas apreciaciones, con el correr de los días aparece que el proyecto de ley 057 de la Comisión 3ra. de la Cámara, acumuló los siguiente proyectos 003/2010, 008/2010, 02/2010, 03/2010, 052/2010 que incluyen toda clase de medidas que a nuestro juicio deterioran, son inconvenientes para el sector laboral y no contribuyen al propósito de crear trabajo decente.
Por lo tanto, le solicitamos lo siguiente:
1. Retirar el proyecto de su trámite en el Congreso, para que permita una discusión en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
2. Agendar de manera definitiva en la comisión el debate sobre generación de empleo decente para articular una propuesta concertada para presentarla al Congreso de la República.
El proyecto en menciòn lo descalificamos por:
a. El proyecto es violatorio de la Constitución Nacional y los convenios internacionales.
b. No hay ninguna política de generación de empleo y, por el contrario, profundiza la flexibilización, institucionaliza la tercerización y afecta económicamente a los trabajadores ante la disminución de un 25% del salario mínimo legal.
c. Propicia la inestabilidad a los trabajadores con experiencia que hoy están en las empresas para cambiarlos por los trabajadores jóvenes.
d. Da facultades para ampliar el contrato de aprendizaje y con ello el desconocimiento de los derechos laborales.
e. Se afectarán los derechos prestacionales y la seguridad social, creando una mayor crisis en la salud y el sistema pensional.
f. Con la misma exposición de motivos de este proyecto, se presentaron las leyes 50 en 1.990, 789 en 2.002, Acto Legislativo 01/05 y sus resultados han sido funestos para la creación de empleo y los derechos de los trabajadores, agudizando la pobreza.
Llamamos al Gobierno a que discutamos en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales un proyecto de ley sobre la generación de empleo decente, en el marco de respetar el contrato individual de trabajo, la eliminación de toda forma de tercerización y que se acate la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en Trabajo de OIT, empleo con reconocimiento de derechos laborales, seguridad social y garantías sindicales.
Atentamente,
TARSICIO MORA GODOY DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente CUT
MIGUEL MORANTES ALFONSO ROSA HELENA FLEREZ
Presidente CTC
ORLANDO RESTREPO GUILLERMO PORTOCARRERO
Presidente CPC
Pronunciamiento de la CUT, ante la citación por una Corte de los EE.UU. al Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez
2- La demanda comporta, sin ser la totalidad de los crímenes cometidos, 18 Desapariciones Forzadas de Personas y 89 Ejecuciones Extrajudiciales, entre las que se cuentan las de los dirigentes sindicales de SINTRAMIENERGÉTICA, compañeros VICTOR HUGO ORCASITA AMAYA, VALMORE LOCARNO RODRÍGUEZ y GUSTAVO SOLER MORA.
3- La mayoría de estos hechos ocurrieron durante el Gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez y la totalidad de los mismos permanecen en Colombia en la más irritante impunidad.
4- Considera la CUT que el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, tal como se ha demostrado, se dotó de un monumental sistema de información, lo que supone un conocimiento importante respecto a la relación de la Empresa Drumond con las organizaciones paramilitares, según declaraciones dentro del proceso del escándalo del DAS, y paramilitares desmovilizados reinserción.
5- La CUT no encuentra justificación alguna para que el ex mandatario ÁLVARO URIBE VÉLEZ se rehúse a entregar con su testimonio tan valiosa información compareciendo el próximo 22 de noviembre a la citación hecha por una Corte en los EE.UU. En razón a ello esperamos que la Corte citante obtenga resultados de acuerdo a la aspiración legítima y legal de verdad, justicia y reparación que asiste las víctimas.
TARISICIO MORA GODOY
Presidente
LUIS ALBERTO VANEGAS Z.
Director Departamento Derechos Humanos y Solidaridad
Al menos 50 líderes sociales y políticos han sido asesinados durante los primeros 90 días del gobierno Santos, denunció Presidenta del Polo
El reporte lo dio la dirigente del PDA luego de un minucioso seguimiento de los casos ocurridos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, ante el Comité Ejecutivo Nacional de esta colectividad y a algunos medios de comunicación, señalando en forma enfática la gravedad de los hechos y la casi nula respuesta de las autoridades.
Colombia viene siendo víctima de un plan de exterminio contra los sectores sociales y la población vulnerable sin que el alto gobierno haya reaccionado para dar las suficientes garantías a la vida, honra y bienes de las víctimas, dijo López Obregón.
Los casos constatados que dio a conocer la presidenta del PDA hacen referencia a las personas asesinadas, pero otro es el número de las amenazadas, cuyos reportes muestran una situación de acoso y zozobra en diversas regiones del país.
La Presidenta del PDA dijo que este partido va a realizar un seguimiento pormenorizado del fenómeno de persecución y asesinato de los líderes sociales y políticos, así como de la población vulnerable que no cuenta con las garantías suficientes por parte del Estado para proteger su vida.
Hizo un llamado para que el gobierno enfrente esta grave situación que constituye, dijo, una gran crisis humanitaria.
En los últimos dos meses, López Obregón se ha dirigido a las autoridades, incluso ofició una comunicación al Ministro de Defensa, poniendo en conocimiento diversos casos de asesinato y amedrentamiento de dirigentes regionales del Polo y activistas sociales, sin que hasta ahora haya obtenido clara respuesta.
Hay 463 mil millones de pesos en créditos agrarios con malas garantías | Jorge Robledo
276.000 millones entre floricultores. 40 por ciento de los aportantes a la campaña de Andrés Felipe Arias cultivan flores. La ministra de Ambiente deberá explicar su papel como gerente de la campaña de Arias
El martes 9 de noviembre, en el debate al ministro de Agricultura y a la ministra de Medio Ambiente que llevará a cabo la Comisión Quinta de la cámara alta, el senador Jorge Enrique Robledo demostrará que el Ministerio de Agricultura y Finagro prestaron 463 mil millones de pesos sin garantías suficientes por parte de los prestatarios, porque la nación, a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), responde por ellos en el 100 por ciento. Ya están en mora casi 50 mil millones.
Robledo responsabilizará a Andrés Felipe Arias y a Andrés Fernández de esas políticas, por lo menos irresponsables, pues fueron ellos quienes tomaron las decisiones.
En el debate se explicará que entre los principales favorecidos por los créditos con malas garantías, que además se concentraron entre unos pocos muy poderosos y contenían fuertes subsidios, están los cultivadores de flores, que recibieron 276.227 millones de pesos. Y se llamará la atención acerca de que el 40% de las personas que le aportaron a la campaña de Arias fueron floricultores.
Le corresponderá al ministro Juan Camilo Restrepo explicar qué hará el gobierno ante este caso, para impedir que se pierdan más recursos públicos y modificar las políticas. Y tendrá que dar explicaciones también la actual ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe, quien fue gerente de la campaña del exministro Arias y ha sido severamente cuestionada por el periodista Daniel Coronell.
El debate se inicia a las 11 de la mañana y será transmitido en directo por la Señal Institucional y el Canal Congreso.
Senadora Gloria Inés Ramírez radicó proyecto de ley que crea Ministerio de la Mujer y la Equidad de Géneros
La Senadora del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gloria Inés Ramírez radicó el Proyecto de Ley por el cual se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Géneros, con el cual iniciará su debate legislativo, acompañado de la movilización colectiva del Movimiento de Mujeres que aspira avanzar en las posibilidades de realización real y efectiva de sus derechos humanos y sus libertades públicas.La razón de esta iniciativa que ha sido respaldada por la Bancada del POLO, radica en la urgente necesidad que tienen las mujeres del país, de institucionalizar un ente rector para el diseño, elaboración, definición, ejecución, evaluación y monitoreo de las políticas públicas de equidad de géneros, que haga parte de la rama ejecutiva del poder público del Estado y que en desarrollo de su misión institucional, aplique los principios de la democracia participativa y la democratización de la gestión pública y oriente las actuaciones del gobierno en los niveles nacional, territorial y local, en concordancia con la constitución, la ley y los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Géneros, tendrá como función primordial, asegurar que el Estado colombiano garantice la realización efectiva de los derechos de las y los colombianos a una vida libre de de violencias, a decidir sobre su proyecto de vida, sobre su propio cuerpo, a la participación real y efectiva en todo lo que les atañe con relación a la vida política, social, económica y cultural de la Nación.
Para entender lo que pasa en el Polo
Senador Jorge RobledoSábado 30 de octubre de 2010
Refiriéndome a las mismas acusaciones de hoy contra dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA), hace un par de meses le dije a Cecilia Orozco “que quien tenga acusaciones que las haga, que quien tenga que defenderse que se defienda y que quien resulte condenado que condenado se quede” (para todas las citas ver). He repetido que no hay corrupciones y negligencias malas y buenas, dependiendo de quien las cometa, y que los organismos judiciales y la Comisión de Ética del Polo deben tomar las determinaciones que consideren, siempre garantizando el debido proceso, posición que también es la del Comité Ejecutivo del PDA. No es cierto, entonces, que me haya opuesto a que se investigue. Y como es obvio, he pedido que se den las pruebas en las que supuestamente se sustentan las acusaciones.
Pero si algo falta son pruebas, según opinan los más diversos analistas. María Isabel Rueda dijo: en “las acusaciones de Petro contra la contratación de la Alcaldía, en ese largo documento que yo leí con cuidado, no hay una sola acusación concreta contra Samuel Moreno. ¡Ni una!”. Además, la llamada “comisión investigadora” no fue nombrada por el Polo sino por Gustavo Petro, quien, con sus partidarios, actuó como acusador y juez contra los que considera enemigos suyos, en un proceso en el que las condenas se impartieron desde antes de empezarlo y que concluyó advirtiéndole al PDA que si no las ratificaba, se saldría del Partido. Un modelo de cómo no actuar ni en derecho ni en democracia.
Lo otro es que el debate tiene un fondo político vinculado a las controversias dentro del Polo y a los intereses de los partidos que le son contrarios y que así iniciaron la carrera por reconquistar la Alcaldía de Bogotá.
En desarrollo de una campaña de desprestigio de años, poco antes de las elecciones, Álvaro Uribe presentó a Samuel Moreno como comprador de votos y ficha de las guerrillas. Además, la Fiscalía General de la Nación dice que en el DAS se creó una “empresa criminal” para dividir al Polo (la Operación Amazonas), vincular a sus dirigentes con las Farc y meter la idea de que el alcalde de Bogotá era corrupto. Las fuerzas más retardatarias quieren destruir al PDA y el primer paso es derrotarlo en Bogotá como sea.
Según Semana, que tampoco reconoce pruebas en las acusaciones, “Petro quería sacarse un clavo con el Polo, que no lo aceptó como presidente”, y porque, agregamos aquí, el Partido no quiso entrar en acuerdos con Santos. Desde ese día dejó claro que si el PDA no se sometía a sus designios, le declaraba la guerra y si no lo abandonó fue porque ningún dirigente lo acompañó en el intento. Además de cubrir de oprobio a quienes considera como los principales culpables del fracaso de sus ambiciones, anunció que desconocía a la presidenta del Polo, a su Comité Ejecutivo Nacional y a las direcciones territoriales y que tendría su propia política de alianzas, electoral y frente a Santos, poniéndose por fuera del Partido. Para dicha del uribo-santismo, en la historia de las controversias políticas en Colombia nadie recuerda a un dirigente que haya maltratado tanto a su partido.
Alguien me insinuó que “no arriesgara, que me sumara a los ataques o que pasara de agache, que ni siquiera tenía cuota en el gobierno de Bogotá”. Pero no es de mi talante evadir los temas difíciles y lo que considero deberes, en especial en la protección de logros tan importantes para Colombia como lo es el Polo, el proyecto histórico de unidad de la izquierda democrática, el único partido que se propone dirigir las transformaciones que requiere el país para superar sus graves problemas.
Una propuesta como la del Polo, en la que cabe toda la nación y requiere de un gran respaldo para poder vencer, solo puede ser exitosa si, para empezar, no le ayuda a Santos a establecer su engañifa. También debe garantizar lo acertado de sus fines y sus métodos, incluida la lucha contra la corrupción, y que en su interior se respeten los derechos democráticos de todas las personas y tendencias, que los dirigentes no sean caudillos impuestos a la brava y que las contradicciones internas no se traten con el criterio de que todo vale, siempre en pos de presentarse unido ante los colombianos. Con ello, más colombianos querrán hacer parte de un partido que lucha por la soberanía y la democracia y en el que no reina el canibalismo ni el irrespeto entre los dirigentes, aun en medio de las naturales diferencias.
’Son intereses personales’: Carlos Gaviria Díaz
Pese a estar alejado durante los últimos meses de los primeros renglones de la política nacional, Carlos Gaviria Díaz sigue siendo referente para su partido, el Polo Democrático. Por eso, ante la tormenta política que se cierne sobre esa colectividad tras las denuncias de supuesta corrupción en la contratación en Bogotá, que involucran al alcalde Samuel Moreno y a su hermano, el senador Iván Moreno, sus conceptos resultan claves, pensando en el futuro de la izquierda democrática en el país de cara al escenario electoral que se avecina. ¿Cómo interpreta las denuncias de Gustavo Petro y la decisión de irse de frente contra el Alcalde y el senador Iván Moreno? Veo esto con suma preocupación, porque yo he contribuido a la construcción del Polo y creo en la necesidad de una propuesta de izquierda democrática para Colombia. No sólo son muy graves los cargos que se les atribuyen a militantes y gobernantes del Partido, sino que además las personas que los formulan los presentan como hechos ya comprobados, hasta el punto de que piden expulsiones. Cuando a una persona se le imputa un delito, desde luego tiene que haber la comprobación de un juez, mediante una sentencia, de que éste se cometió. ¿Pero no es válido el control político, así sea de los mismos militantes del partido? Claro, es altamente deseable que haya personas que se preocupen por la manera como los gobernantes del partido realicen su gestión, pero hay que andar con cuidado. Estamos en un Estado de Derecho y no se puede perder de vista que únicamente los fiscales y los jueces tienen la competencia para tomar decisiones y que no puede ser sustituidos por una comisión de militantes del partido, que si encuentra hechos que considera graves, deben ponerlos en conocimiento de las autoridades, pero no proceder como fiscales y jueces. Con un ingrediente adicional: que previamente ha habido desacuerdos notorios entre los denunciantes y los denunciados. Eso puede verse como un instrumento en la lucha por el poder y la presidencia del Polo, lo cual sería inaceptable. ¿Dice usted que las denuncias de Petro tienen intereses personales y que el objetivo es quedarse con la presidencia del Polo? Simplemente digo que el sector de la Anapo, que es el que ha sido denunciado como corrupto, apoyó la candidatura de Gustavo Petro y, hasta donde tengo conocimiento, él no lo rechazó. Luego hubo discusiones en el Comité Ejecutivo, que conocí como observador externo porque ya no hago parte de él, en las que Petro pidió la presidencia, no se accedió a ello e inició su pelea contra el sector que se opuso a esa solicitud. Me parece que se están utilizando instrumentos que no son legítimos en la lucha por el poder dentro de una colectividad política. Hay quienes ven con la crisis actual que el Polo camina hacia su propio aniquilamiento... Yo, que ordinariamente soy pesimista, cuando se trata del Polo soy más bien optimista. El partido ya recorrió un buen trecho y ha demostrado que es posible una izquierda democrática unida. Hay que seguir en esa línea, haciendo esfuerzos para que se consolide y la unidad se haga con quienes comparten el ideario del partido. Es lamentable que no sólo ahora, sino de tiempo atrás, muchas personas hayan puesto de manifiesto que sus propios intereses están por encima de los intereses del partido. Sin duda se refiere usted a Petro, ¿debería irse del partido? No hago parte de las directivas, que son a quienes corresponden esas instancias. Sólo quiero expresar mi opinión, la cual es de una gran preocupación que tiene una doble fuente: la gravedad de los hechos que se imputan y la manera como se están imputando. ¿Qué efectos tendrán las denuncias frente a la gobernabilidad de Samuel Moreno en Bogotá? Muchos, porque con la unidad del partido en riesgo, se les da pábulo a todos los sectores que tienen interés en mostrar que el Polo no ha gobernado bien y, a un año de las elecciones, buscarán que no vaya a repetir Alcaldía. ¿O sea que detrás de todo esto hay una intención para evitar un tercer período en la capital? Yo simplemente hago conjeturas, muestro hechos y formas de interpretarlos. Es evidente que hay una lucha por el poder dentro del partido mismo y que eso se proyecta hacia las próximas elecciones. En las cuales, sin duda, el Polo ya va perdiendo... Así es, y esa circunstancia es un motivo adicional de preocupación. Lo que uno se pregunta es si será desinteresada la denuncia que se está haciendo y obedece simplemente a guardar la moralidad pública y la ética de los funcionarios, o será que tiene que ver con la lucha por el poder dentro del partido y con el proceso electoral que se avecina. ¿Y qué piensa del protagonismo del Partido de la U, al salir a marcar distancia del Polo? En río revuelto, ganancia de pescadores. Todo el mundo quiere sacar ganancia de la situación que el Polo está viviendo, pero resulta paradójico que salgan a decir que retiran su apoyo al Alcalde, como la U o como Rafael Pardo, a quien escuché pedirles a los liberales que se hicieran a un lado. Uno se pregunta: ¿Este sí es el gobierno del Polo? ¿Y no lo ha sido? Pues cuando yo era el presidente del partido, le reproché a Samuel Moreno que no era el Polo el que estaba gobernando en Bogotá, sino el uribismo, el liberalismo y los conservadores. Pero ahora el Polo se queda con el pecado y sin el perdón. Hay quienes también ven detrás de todo esto la sombra de una candidatura del ex presidente Uribe a la Alcaldía... Dentro de los intereses políticos que están en juego, ese es uno y no es descartable esa hipótesis. ¿Y el silencio de los verdes, con tres ex alcaldes a la cabeza? Yo no puedo sacarlos del silencio. Si ellos consideran que esa es la actitud que más les conviene, es su decisión. Más allá del pulso por lo político, ¿qué piensa de las denuncias sobre la contratación en Bogotá? Sería muy irresponsable de mi parte pronunciarme sobre hechos que no conozco y que sólo he leído en la prensa. Lo que me sorprende es que cosas tan graves se fundamenten en indicios, aunque naturalmente no desconozco que los indicios pueden llegar a ser elementos probatorios, pero por parte de un juez o un fiscal. ¿Cuál es su opinión sobre la administración de Samuel? Yo fui presidente del partido durante un buen tiempo que coincidió con la administración de Samuel Moreno y con él no hablé más de tres veces. La información que tengo de su mandato es lo que han dicho los diarios y por lo tanto debo ser cuidadoso, porque también algunos de ellos tienen intereses en desprestigiar una administración que se le atribuye al Polo. Pero el caos en la movilidad es una realidad palpable... Eso no me preocupa. Recuerdo que cuando se dio la construcción de los puentes de la 26, aunque no vivía en Bogotá, la radio lanzaba todos los días diatribas contra el entonces alcalde Fernando Mazuera porque Bogotá se había vuelto intransitable. ¿Con la crisis interna en el Polo existe el riesgo de que la izquierda vuelva a la atomización de años atrás? No conozco esa tendencia de desbandada y creo que ninguno de los sectores que hoy conforman el partido querrá volver a ser marginal y minoritario, cuando existe la posibilidad de consolidarnos como la segunda fuerza política del país y llegar a convertirnos en la primera.
Hugo García Segura / Alfredo Molano Jimeno, El Espectador, Bogotá, octubre 25 de 2010
La CUT convoca trabajadores a convertir el 7 de octubre en un día emblemático por la defensa del trabajo decente
La CUT Colombia ha convocado un acto masivo por el 7 de Octubre, en el marco de las actividades de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La marcha será realizada en Bogotá, a las 4:00 p.m. de la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar. Leer abajo la declaración del acto. Pese a que se ha empezado a hablar de recuperación, hay pocos indicios de que se ponga fin a la crisis del empleo. Cada puesto de trabajo perdido representa un drama humano y hasta el momento 34 millones de empleos se han perdido como resultado de la crisis desde su estallido en 2008 y 64 millones de personas se han encontrado sumidas en la más extrema pobreza. El mundo se encuentra en un punto de inflexión: puede romper con las políticas fallidas del pasado que ocasionaron la crisis y avanzar hacia un futuro más justo, sostenible y próspero, o puede volver a caer en las injusticias y la miseria del pasado, con la perspectiva de todavía más pobreza y desempleo masivo como una característica permanente de nuestras sociedades.
Así pues, se han elegido tres mensajes centrales para la III Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
- El crecimiento y unos puestos de trabajo decentes y no medidas de austeridad, resultan esenciales para superar la crisis y poner fin a la pobreza.
- Unos servicios públicos de calidad son fundamentales para llevar una vida decente y no deben ser recortados en aras de la consolidación fiscal; y
- El sector financiero ha de pagar por el daño que ha causado y ponerse al servicio de la economía real y responder a las necesidades humanas reales.
Colombia no es la excepción en la aplicación de estas políticas económicas mundiales, por eso, convocamos a los trabajadores a convertir el 7 de octubre, en un día emblemático por la defensa del trabajo decente.
Mayorías gobiernistas excluyen al Polo y a los Verdes del Consejo Nacional Electoral
La elección del Consejo Nacional Electoral dejó al desnudo la ausencia de voluntad política de la coalición gobernante para respetar y garantizar los derechos de las minorías y de la oposición en Colombia. La reñida votación para elegir el noveno magistrado fue resuelta por cuatro votos de los santitas a favor del PIN dejando por fuera a la coalición Polo Verdes por menos de un voto. Con el refuerzo y manipulación de las mayorías en la que participaron de manera activa el Presidente del Congreso Armando Benedetti y el Presidente de la U, Juan Lozano, excluyeron concientemente a las minorías del órgano que vigila y controla las elecciones en Colombia. Con ello, la integración del CNE queda íntegramente en manos del Gobierno de Juan Manuel Santos. Antecedentes El mismo día de la elección, la coalición gobiernista planteó que para otorgar un renglón en la lista mayoritaria a las minorías como lo había solicitado el Polo en comunicación abierta al Presidente del Congreso y al Ministro del Interior, era menester que el Polo, los Verdes y los Indígenas se unieran al PIN. Se trataba de una maniobra encaminada a que fueran las minorías que no participan en el Gobierno las que le eligieran el representante al PIN en el CNE, una maniobra que fue rechazada por los minoritarios, pues nadie duda que el PIN es gobiernista. La Votación La lista de las minorías para el CNE se integró por dos candidatos con voto preferente. El doctor Rodolfo Arango, seleccionado por el Polo de una lista de seis profesionales de altas calidades, recibió el apoyo de la bancada en una votación interna. El doctor Arango ha sido Magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, decano de derecho de la Universidad Nacional y director de la maestría de filosofía de la Universidad de los Andes. Por su parte, los Verdes e Indígenas escogieron al doctor Antonio Lizarazo, un destacado abogado quien ha sido Magistrado del Consejo Nacional Electoral. Esta lista obtuvo los 25 votos de la coalición así: Rodolfo Arango: 13 votos, la totalidad de los votos de la bancada del Polo, y Antonio Lizarazo, 12, la totalidad de los votos verdes e indígenas de la ASI y de AICO, destacándose el cumplimiento absoluto de los acuerdos pactados. Unidad polista Debe destacarse igualmente el comportamiento unitario de la bancada polista. Después de adoptar los acuerdos mediante discusión interna, la decisión consensuada fue ejecutada al pié de la letra, depositándose los 13 votos posibles por el candidato del Polo. También merece destacarse la capacidad de la bancada para forjar acuerdos con todos los sectores minoritarios de Verdes e Indígenas para defender un principio caro al Ideario de Unidad, la defensa de los derechos de las minorías y de la oposición. Los Verdes e Indígenas Finalmente, el cumplimiento estricto de lo acordado entre las cuatro fuerzas minoritarias fue cumplido a cabalidad por los colegas de la coalición para elegir magistrado en el CNE por el Partido Verde, la Asociación Nacional Indígena, ASI y el AICO con lo que se demuestra que cuando existen coincidencias en materias centrales como la defensa que le asiste a las minorías para estar presentes en los organismos electorales, los resultados, si bien no consiguen el objetivo principal planteado, dejan la lección aprendida de que los acuerdos sobre temas específicos son necesarios y posibles.
Comunicado sobre TLC con la UE
Cuando el presidente Uribe se apresta a firmar el protocolo de cierre de negociación del TLC con la U.E., consideramos necesario precisar las implicaciones, entre otros casos, sobre el sector ganadero que se dedica a la producción de leche. El agro de la U.E. es quizá el más protegido del planeta y el sector de la producción de leche y derivados lácteos, sobresale en medio de tales apoyos. No es exagerado sostener que es mejor “ser vaca en Europa que pobre en Colombia”. Las asimetrías entre la U.E. y Colombia son de tal magnitud que una competencia planteada en los términos en que está en el tratado, cuyo trámite definitivo empieza con la firma del presidente Uribe, afectarán de manera grave la producción y el empleo, remplazando el trabajo colombiano por el extranjero, en detrimento de amplios sectores de la producción urbana y rural nacionales. El gobierno nacional reconoce que habrá sectores perdedores con la vigencia del TLC con U.E., entre ellos el de los productores de leche y derivados lácteos, que agrupa en el caso de los primeros más de cuatrocientas mil (400.000) familias, en su mayoría de pequeños y medianos productores, con lo cual no solo se afectará la economía sino la estabilidad social de más de dos millones de colombianos. Las medidas paliativas anunciadas en un denominado CONPES lechero, no solo están siendo consideradas de manera tardía y solo cuando los productores y sus organizaciones gremiales han denunciado los males que les causará el tratado, sino que según lo esbozado por altos voceros oficiales, apuntará a golpear aún más a este sector, que en su mayoría está informalizado y por lo mismo no accederá de manera real a los presuntos beneficios de la medida gubernamental en perspectiva. Sacrificando a los lecheros se pretende beneficiar a azucareros y bananeros, quienes ya gozan de preferencias arancelarias por parte de la U.E. y las ayudas adicionales del tratado son solo marginales, amén de la diferencia social entre beneficiarios y lesionados. Ante la anterior situación, AGAMETA, expresa su solidaridad con los productores lecheros y de derivados lácteos, a quienes acompañará en sus esfuerzos por lograr que el parlamento colombiano no apruebe el tratado en los términos en que hasta ahora está planteado e insta a la dirigencia política para que en un examen objetivo de dicho acuerdo comercial, y actuando con sentido patriótico, lo hunda durante su trámite legislativo.
Eudoro Alvarez C., Presidente AGAMETA, Villavicencio, Mayo 18 de 2010.
Polo celebra día internacional de la Juventud
El Polo Democrático Alternativo celebra el día internacional de la juventud reconociendo la lucha vigoroza, decidida y organizada del POLO JOVEN y de los diferentes movimientos y colectivos juveniles polistas. La fuerza y tenacidad de la juventud son valores indispensables para dinamizar y fortalecer el tejido hacia el nuevo orden social. Jóvenes como activos libres pensadores, que no desfallecen ni se limitan por las practicas culturales y económicas del establecimiento, prestos para ejercer la praxis, con su visión radical pero a la vez propositiva, son imprescindibles para la transformación social. Así pues que acompañamos y reconocemos su lucha, que es la de todos. CLARA LOPEZ OBREGON Presidenta POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO¡Cuán hermosa generación la de los jóvenes activos! José Martí
