John Jairo Rey Ortíz
Este gobierno de la autodenominada unidad nacional, con su dream team, arrancó con el claro propósito de golpear la descentralización y acabar con el Estado social de derecho. Para ello ha anunciado una reforma al sistema de regalías y ha presentado un proyecto de reforma constitucional denominado regla fiscal.
Del proyecto de regalías tenemos declaraciones de los Ministros de Minas y de Hacienda. En la comisión quinta del senado la semana pasada el Ministro de Minas afirmó que los conceptos de regalías directas e indirectas desaparecerán. El Ministro de Hacienda dijo igualmente ayer que “El proyecto de regalías es un motor grande que estamos calibrando, es un proyecto de una página pero que modifica todo el esquema de regalías. En ningún momento se busca vulnerar la descentralización, se va a mantener un espíritu descentralizador al revés, lo que se quiere es que todas las regiones se puedan desarrollar.”
De esta reforma de regalías también tenemos ya una realidad tangible, que va más allá de las declaraciones de los Ministros: El proyecto de Ley orgánica de ordenamiento Territorial preparado por el Ministerio del interior. El artículo 31 de dicho proyecto crea el Fondo de Compensación Territorial, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de Hacienda y cuyo objeto es administrar regalías y compensaciones destinadas para financiación de proyectos de inversión regional, incluidos los estratégicos que se ejecuten a través de las Regiones Administrativas y de planificación que autoriza crear el proyecto. Allí también se consagra que el funcionamiento de las Regiones se financiará con regalías según defina la ley y el Gobierno Nacional, y con recursos que destinen las entidades territoriales.
En este orden de ideas, algunos pensaran que se trata solo de modificar en alguna medida el sistema de reparto de regalías. Pero al hablar de un motor grande, que modifica todo el esquema de regalías, y que mantiene un espíritu descentralizador al revés, con la creación de un Fondo de Compensación Territorial, como una cuenta de Minhacienda, para administrar regalías en la ejecución de proyectos regionales, estamos hablando de un proyecto que pone patas arriba el modelo constitucional actual. No nos debe caber ninguna duda que lo que se pretende es acabar con el derecho constitucional de participación en regalías que tienen las entidades territoriales según el artículo 360 de la Constitución Política. Ese artículo le garantiza a las entidades territoriales de manera automática su participación en regalías directas. Si el Gobierno Nacional quisiera solamente modificar el porcentaje de participación no necesitaría de una reforma constitucional porque la Constitución solo establece el derecho de participar. Pertenece a la ley la competencia para determinar en qué forma.
Conclusión obligada de lo dicho es que el Gobierno requiere reforma constitucional porque lo que quiere modificar es el derecho mismo de participación, y la modificación que se vislumbra es su supresión. El blindaje constitucional de los municipios y departamentos llamado derecho de participación en regalías va a desaparecer, lo van a suprimir. Se argumentará que las entidades territoriales seguirán participando de las regalías porque el Fondo de Compensación Regional tiene como objeto financiar proyectos de inversión regional con regalías. Pero una cosa es participar en las regalías como lo concibe actualmente la Constitución Política y otra muy diferente es que el Ministerio de Hacienda ejecute proyectos en las regiones con las regalías. El derecho constitucional de participación en las regalías conlleva la administración de esos recursos por la entidad territorial titular de los mismos, lo cual desaparecerá.
Esa parece ser la discusión, pero no. Lo que está en juego es algo de mucho más calado. Es la existencia del Estado Social de Derecho. Resulta que el proyecto lo que contempla en realidad es que el Gobierno Nacional busca financiar gasto nacional con los recursos de regalías que le pertenecen a los municipios y Departamentos gracias al derecho constitucional de participación. La evidencia de ello es que el Fondo de Compensación Territorial va a financiar con regalías proyectos estratégicos, de alto impacto regional (carreteras por ejemplo) que son competencias de la Nación. Así se busca aliviar el déficit fiscal con nuevos ingresos para la Nación.
Pero para que la tarea no quede inconclusa, el Gobierno anterior, en un acto inusual, Ministro de Hacienda saliente acompañado del Ministro de Hacienda entrante, el 20 de julio presentaron el famoso proyecto de regla fiscal, con el cual se busca contribuir también a aliviar el déficit fiscal, pero ya no vía raponazo de los ingresos de las entidades territoriales, sino vía - reducción del gasto, pero no cualquier gasto de la Nación, ni de todos los gastos, sino del gasto social. Como si el Presidente del Congreso, santista Él, no tuviera razón cuando centró su discurso inaugural en la desigualdad de este país. Como si lo de menos fueran los problemas sociales en este país.
El gobierno en este proyecto parte de reconocer que los desordenes fiscales se originan en la deficiencia de los ingresos, tributación inadecuada y en el gasto público excesivo. Con el proyecto de regalías el Gobierno Nacional obtiene nuevos ingresos a costa de las entidades territoriales. Con el proyecto de regla fiscal se busca controlar el gasto, pero solo el social, como ya se indicó. Sentencia la exposición de motivos del proyecto, que también es de reforma constitucional, que el Estado debe definir el contenido y alcance de los derechos sociales y económicos teniendo en cuenta las limitaciones fiscales, es decir, la escasez de recursos.
La regla fiscal se plantea modificar la Constitución Política en tres artículos, 334, 339 y 346. El primero consagra la dirección general de la economía, y los otros el trámite y aprobación del plan nacional de desarrollo y del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, respectivamente. Cuál es la médula de la reforma?: la dirección general de la economía para racionalizarla con el fin de mejorar la calidad de vida y distribuir equitativamente oportunidades y beneficios del desarrollo, debe hacerse en un marco de sostenibilidad fiscal. Igualmente la intervención del Estado para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, debe hacerse de manera progresiva.
Dice el proyecto que la sostenibilidad fiscal es indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, es un derecho de todos y es deber de todas las ramas y órganos del poder público colaborar armónicamente, dentro de sus competencias, para hacerla efectiva. Y agrega que el Congreso determinará el alcance concreto de los derechos sociales y económicos constitucionales asegurando la sostenibilidad fiscal para darle, en conjunto, continuidad y progresividad.
Los otros dos artículos que se modifican obligan a que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el presupuesto se expidan dentro del marco de sostenibilidad fiscal.
La exposición de motivos sostiene que se adopta el derecho de sostenibilidad fiscal para proteger los otros derechos, buscando un crecimiento económico estable a través del gasto controlado.
La fórmula que se plantea es: sostenibilidad fiscal = crecimiento económico = bienestar general. El Gobierno habla de un modelo institucional original. En realidad es original porque se va a constitucionalizar, pero el modelo como tal no es original. Es un modelo de Estado en el que se está imponiendo una vez más el Estado Neoliberal sobre el Estado social de Derecho, y que responde a políticas de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional. Se va a constitucionalizar un ajuste fiscal que impone el FMI hace mucho tiempo y que viene impulsando con aires renovados a raíz de la crisis económica mundial. Ustedes saben que España y Grecia acaban de hacer un ajuste fiscal regresivo sobre el lomo de los trabajadores y de la población en general. Allá no se necesitó reformar la Constitución. Aquí lo vamos a hacer.
El efecto real de esta reforma es la regresividad en el reconocimiento y efectividad de los derechos sociales y económicos, que son: protección de la familia, niñez, adolescencia, tercera edad, disminuidos físicos, seguridad social-sistema pensional, salud, vivienda, deporte, trabajo, acceso a propiedad, y específicamente a la propiedad de la tierra, producción de alimentos y educación.
El reconocimiento constitucional y su efectividad real son la esencia del Estado Social de Derecho. Por eso decimos que la reforma va por el Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha dicho que en el Estado Colombiano como "Social de Derecho" se impone también la realización de actos y la formulación de políticas positivas, para que los derechos de contenido social y económico no sean de carácter meramente retórico sino que tengan, cada vez más, un mayor cubrimiento cuya meta debe ser que gocen de ellos todos los habitantes del país.
No obstante es de su génesis el principio de progresividad de los derechos sociales y económicos, pero la jurisprudencia, con el papel activo que el mismo Estado de Social de Derecho da a los jueces en la protección de esos derechos, ha determinado que la progresividad va acompañada de una prohibición de regresividad o retroceso, y de que de presentarse el Gobierno debe justificar adecuada y proporcionadamente para alcanzar un propósito constitucional de particular importancia.
Por ejemplo, la Corte Constitucional aplicando el principio de progresividad y prohibición de regresividad, declaró inexequible el artículo 34 de la la Ley 344 de 1996, "por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público ", porque establecía una reducción de los aportes del Tesoro Nacional al régimen subsidiado de seguridad social en salud.
Con la reforma de regla fiscal, el principio de la progresividad y la prohibición de la regresividad estarán determinados por el derecho a la sostenibilidad fiscal que será establecida por el Ministerio de Hacienda. El gobierno efectivo de los tecnócratas. Un juez de la República al fallar una tutela por el derecho a la salud que involucre el derecho a la vida, o por el derecho a la educación, tutelas que abundan en este país, deberá primero consultar la cartilla de los técnicos del Ministerio de Hacienda en donde se establece la sostenibilidad fiscal, para poder fallar. Y adivinen que dirá la cartilla? El reconocimiento de un derecho social y económico será limitado, incluso hasta negarlo, por los cálculos econométricos de los técnicos de Minhacienda. Olvidémonos ya de la tutela.
El déficit fiscal no se debe solucionar a costa de las regiones ni de los más pobres y débiles de este país. Porqué no una reforma tributaria estructural, equitativa y donde impere la justicia social?.
Bienvenidos los foros sobre estos temas, pero se requiere una gran movilización social.
El déficit fiscal que lo paguen ellos!
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