La privatización del sector público

Eduardo Sarmiento Palacio, El Espectador, Bogotá, marzo 13 de 2011

El paso más audaz e improvisado del modelo neoliberal estuvo representado por el traslado de los servicios sociales al sector privado.

Se presumía que la gestión privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades y reducir el tamaño del Estado. Luego de dos décadas, el experimento ha puesto a varias empresas privadas cerca de la quiebra y ha significado enormes subsidios al Estado.

La idea era muy simple. El lucro individual induciría a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente previsible, por tratarse de actividades inelásticas (necesarias), expuestas a la información asimétrica y atendida por pocos productores, las entidades adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy distinta. Sus acciones se orientaron a captar los usuarios y, luego, a entregar los servicios o beneficios que les reportan la máxima ganancia.

Las ilustraciones están en el orden del día. Las empresas de salud conceden los mínimos servicios posibles; gran parte de los servicios especializados se obtienen con tutelas basadas en la universalidad de la salud. El aumento de la cobertura escolar no está representado en la ampliación paralela de los gastos en maestros e insumos. Los fondos privados entregan la tercera parte de los beneficios que ofrecen en las campañas de publicidad y no lea aseguran la pensión mínima a la mayoría de los cotizantes.

Los constructores que obtienen las concesiones por licitación pública modifican los requisitos técnicos de la obra e, incluso, incrementan el monto que sirvió de base para adjudicarlo: la constante es que el valor y los períodos de entrega de los proyectos resultan en el doble de lo estipulado.

En todo esto no han faltado la complicidad y la permisividad oficial. El fracaso de las entidades privadas en los grandes proyectos y actividades lleva muchas veces a los gobiernos a asumir las pérdidas y plasmarlas en los presupuestos para evitar males mayores. Es el caso típico de las empresas que son demasiado grandes e importantes para quebrarse. El presupuesto está plagado de partidas para cubrir subsidios, sobrecostos y pirámides de las entidades privadas.

Los autores y defensores de las privatizaciones se resisten a aceptar el error conceptual e insisten en profundizar el fracaso. Sin ir lejos, la nueva ley de salud aprobada por el Congreso mantiene las deficiencias estructurales de la Ley 100 y persiste en el predominio de las EPS; a estas alturas no se conoce cuáles son los servicios incluidos en el POS y, todavía mas grave, cómo se financiarán los servicios especializados. En el Plan de Desarrollo se contempla una ampliación significativa de los recursos para la infraestructura física que se adjudicarán dentro de las normas de las concesiones que facilitaron el desfalco y, sin hacerlo explícito, se insinúa el marchitamiento del ISS para salvar los fondos privados.

Definitivamente, las malas ideas causan más estragos que los accidentes de la naturaleza. La rienda suelta al mercado en las áreas sociales genera toda clase de estímulos equivocados y constituye un palo en la rueda al avance social. Se configuró una maraña de instituciones orientadas a obtener la máxima ganancia, favorecer a los sectores altos y trasladar las pérdidas a los contribuyentes. En este contexto, no será posible realizar los buenos propósitos de formalizar la mano de obra, reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.